El cable que latinoamérica no puede tener

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El 27 de enero de 2026, un funcionario del Ministerio de Transportes de Chile firmó un decreto. Era un trámite administrativo de rutina: otorgar una concesión por treinta años a una filial de China Mobile para instalar y operar un cable de fibra óptica que uniría las costas de Valparaíso con Hong Kong.

Cuarenta y ocho horas después, el decreto fue anulado. El argumento oficial: errores técnicos.

Tres semanas más tarde, el Departamento de Estado de los Estados Unidos revocó las visas del ministro de Transportes, del subsecretario de Telecomunicaciones, y del jefe de gabinete de Subtel. La razón declarada: haber participado “a sabiendas” en acciones que “comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones” y “socavaron la seguridad regional”.

Un cable. Una concesión de rutina. Tres funcionarios sancionados personalmente por intentarlo.

Conviene detenerse aquí. No para juzgar si el cable era buena o mala idea. Sino para leer despacio lo que acaba de ocurrir: Estados Unidos no bloqueó una amenaza militar. No desbarató una operación de espionaje. Sancionó a funcionarios de un país soberano por tramitar infraestructura de telecomunicaciones. Y lo hizo con suficiente anticipación como para que el presidente electo, José Antonio Kast, llegara al poder con el tema ya envenenado — y suspendiera las reuniones de transición con el gobierno saliente antes siquiera de asumir.

El cable nunca se tendió. La fibra óptica no existe. Pero el mensaje llegó perfectamente.

Lo que el cable no era

La cobertura que el asunto tuvo en medios chilenos y regionales lo trató como un conflicto diplomático entre Chile, China y Estados Unidos. Un problema de política exterior. Una decisión delicada para el próximo gobierno.

Eso es exactamente lo que el asunto no era.

Lo que el cable representaba era mucho más simple y mucho más incómodo: la posibilidad de que Chile — y a través de Chile, buena parte de Sudamérica — tuviera acceso a infraestructura digital que no pasara por territorio estadounidense. Hoy, la cobertura digital de Chile depende casi totalmente de cables que transitan por Estados Unidos. Eso significa que los datos que circulan por esa infraestructura — comunicaciones personales, transacciones financieras, tráfico gubernamental — pasan necesariamente por jurisdicción norteamericana. No como amenaza hipotética. Como arquitectura física del sistema.

El cable chino habría creado una ruta alternativa. Una segunda opción.

Y eso — exactamente eso, y no ninguna amenaza de seguridad documentada — es lo que se bloqueó.

La pregunta que el episodio deja no es si China es un actor confiable. La pregunta es por qué la sola existencia de una alternativa es tratada como una amenaza que merece sanciones personales contra funcionarios públicos de un país aliado. Esa pregunta tiene una respuesta. Pero hay que estar dispuesto a hacérsela.

La doctrina Monroe tiene versión digital

No es nuevo. No es sorpresivo. Tiene nombre y tiene historia.

La Doctrina Monroe, formulada en 1823, declaró el hemisferio occidental zona de influencia exclusiva de Estados Unidos. Con el tiempo, esa doctrina se materializó de formas distintas: intervenciones militares, golpes de Estado financiados, programas de desestabilización de gobiernos no alineados, y una arquitectura de medios e instituciones diseñada para hacer que determinadas ideas parecieran naturales y otras parecieran peligrosas.

Lo que ocurrió con el cable de Chile no es una excepción a esa historia. Es su versión actualizada. La Doctrina Monroe digitalizada no necesita marines. Necesita que la infraestructura por donde circula la información de un continente esté bajo jurisdicción propia, y que cualquier intento de crear rutas alternativas sea presentado — en los medios locales, en la narrativa diplomática, en la conversación pública — como una amenaza a la seguridad regional.

El mecanismo es el mismo. Solo cambió el medio, pero el medio ahora es todo. La infraestructura digital no es un sector más de la economía. Es la capa sobre la que corren los mercados financieros, las comunicaciones de los Estados, los sistemas de salud, los procesos electorales, la producción cultural, la educación. Quien controla esa capa no controla un sector. Controla el metabolismo de sociedades enteras.

Y en América Latina, esa capa — cables, nubes, sistemas operativos, plataformas, modelos de inteligencia artificial — está mayoritariamente bajo jurisdicción de un solo actor. No como conspiración. Como arquitectura heredada que nadie eligió explícitamente y que muy pocos se preguntan si vale la pena cuestionar.

Una luz que nadie pudo ver

En 2013, en Ecuador, algo ocurrió que debería ser conocido por cualquier persona interesada en soberanía digital en América Latina. No lo es. Vale la pena preguntarse por qué.

El gobierno de Rafael Correa impulsó un proyecto llamado FLOK SocietyFree/Libre Open Knowledge. Durante más de un año, investigadores internacionales, hackers, juristas, líderes comunitarios y activistas trabajaron junto con el Estado ecuatoriano para diseñar políticas públicas de conocimiento abierto. El resultado fue el Libro del Buen Conocer: una propuesta de política pública construida no desde los marcos conceptuales del norte global, sino desde la cosmovisión del Buen Vivir, del Sumak Kawsay, de la Plurinacionalidad.

No era un proyecto académico. Era una propuesta de Estado: cómo organizar la producción y distribución del conocimiento — incluyendo el conocimiento digital — desde una lógica que no fuera ni la del mercado anglosajón ni la de ningún otro modelo importado.

Era, en términos precisos, el único intento documentado en América Latina de construir soberanía digital desde un marco no occidental. Una década antes de que Europa lo nombrara como urgencia. Una década antes de que la inteligencia artificial volviera la pregunta impostergable.

¿Por qué no se sabe? No porque el proyecto fuera irrelevante. Porque el gobierno que lo impulsó fue sistemáticamente invisibilizado por los medios de comunicación locales e internacionales que cubrían Ecuador en ese período. Porque cuando Lenín Moreno traicionó el proyecto político de Correa y reveló su alianza con Washington, lo primero que desmanteló fue el aparato comunicacional construido para que los logros de su gobierno no fueran invisibilizados por los medios tradicionales. La Sabatina — el espacio semanal donde Correa rendía cuentas y comunicaba los avances del país — desapareció en la primera semana de gobierno de Lenin Moreno, su sucesor.

No es una coincidencia. Mientras todos los votantes de Moreno, candidato oficial de Correa, se preguntaban en silencio el motivo de una acción completamente opuesta a lo que esa masa mayoritariamente valoraba, la confesión abierta de Moreno semanas después sobre su alianza secreta con Washington, era la secuencia lógica de quien sabe exactamente qué tenía que silenciar primero.

FLOK Society no fracasó porque las ideas fueran malas. Fue desmantelado junto con todas las obras y logros del gobierno que lo hizo posible. Y luego fue silenciado con la misma eficiencia con que se silencian las cosas que no conviene que circulen.

El problema del marco

Hay algo que vale la pena nombrar con cuidado, porque es el mecanismo más sofisticado de todos.

Cuando se habla de China en el debate público latinoamericano, existe un conjunto de ideas que aparecen como si fueran evidentes: China “exporta autoritarismo“, sus cables son “instrumentos de vigilancia“, sus estándares tecnológicos son “control disfrazado de apertura“, su modelo no es transferible porque es “incompatible con la democracia“. Solo por mencionar algunos “titulares”.

Pero el caso es que esas ideas no surgieron solas. El Congreso de Estados Unidos aprueba fondos anuales — del orden de trescientos millones de dólares — para financiar narrativas que posicionen a China como amenaza. No para comprar mentiras burdas. Para comprar marcos interpretativos que se vuelvan sentido común, a fuerza de repetición. Que hacen que ciertas preguntas parezcan legítimas y otras parezcan ingenuas o hasta peligrosas.

El resultado práctico es que cuando un gobierno latinoamericano intenta evaluar honestamente si una alternativa china tiene sentido para su infraestructura, ya enfrenta un campo discursivo profundamente inclinado. Los medios locales — muchos de ellos con intereses económicos ligados al capital norteamericano o europeo — reproducen el marco sin necesidad de que nadie se los pida. Es automático. Es lo que esa gran parte del público, en desconocimiento de todo este aparataje para insuflarle una opinión, llamará sentido común.

Esto no significa que China sea un actor sin intereses propios. Significa que evaluar esos intereses requiere primero reconocer que el marco desde el que solemos evaluarlos no es neutral. China usa open source de forma deliberada — DeepSeek, estándares ITU, protocolos ISO. Xi Jinping declaró en el G-20 que el desarrollo de la inteligencia artificial “no debe ser un juego de países ricos”. Son afirmaciones verificables que conviven con otras también verificables: los datos que circulan por infraestructura china fluyen hacia Beijing, la planificación estatal de largo plazo tiene sus propios costos, el modelo no está libre de tensiones internas.

La paradoja real no es si China es buena o mala. La paradoja real es que América Latina está siendo sistemáticamente privada de la posibilidad de hacer esa evaluación con honestidad, porque el mecanismo que bloquea el cable también bloquea el pensamiento sobre si el cable conviene.

La soberanía posible

Seamos precisos sobre lo que está en juego, porque la imprecisión aquí es cara.

Soberanía digital total — infraestructura propia, estándares propios, modelos de inteligencia artificial entrenados con cosmovisión propia, capacidad de negociación autónoma en foros multilaterales — no es algo que América Latina pueda alcanzar en el corto plazo. Los intentos de la década pasada — UNASUR, Banco del Sur, CELAC — mostraron que incluso cuando existe voluntad política y alineamiento regional, la arquitectura de dependencias es difícil de desmontar y fácil de desmantelar cuando cambia el gobierno.

Pero soberanía digital total no es la única opción. Hay algo más modesto y más urgente: la soberanía posible. Y esa empieza por una condición mínima que hoy no se cumple: tener más de una opción.

Mientras la cobertura digital de un continente depende de una sola jurisdicción, no hay negociación posible. No porque el actor dominante sea necesariamente maligno, sino porque la negociación requiere la posibilidad real de elegir otra cosa. Sin esa posibilidad, lo que se llama relación es en realidad dependencia con protocolo diplomático.

Por eso importa que Europa intente construir su propia capacidad — aunque avance lento, aunque la burocracia la frene, aunque el 85% de su nube siga en manos americanas. No porque Europa vaya a salvar a América Latina. Sino porque cada actor que logra cierta autonomía digital amplía el espacio de negociación de los que todavía no la tienen.

Por eso importa evaluar honestamente lo que China ofrece — sin los marcos que alguien financió para que no pudiéramos evaluarlo. No para sustituir una dependencia por otra. Sino porque más opciones reales, aunque ninguna sea perfecta, crean el único tipo de poder que América Latina puede ejercer hoy: el poder de no ser imprescindible para nadie.

Y por eso importa recordar lo que Ecuador construyó hace una década y que fue desmantelado antes de que pudiéramos aprender de ello. No como nostalgia. Como evidencia de que el pensamiento propio es posible, que ya ocurrió, y que la razón por la que no lo conocemos no tiene que ver con su calidad sino con quién tenía interés en que no circulara.

Lo que el cable reveló

El cable submarino de Chile no era solo infraestructura. Era una pregunta hecha de fibra óptica: ¿tiene América Latina el derecho de conectarse al mundo por rutas que no pasen por jurisdicción ajena?

La respuesta que recibió fue clara. Tres visas revocadas. Una transición presidencial envenenada. Un proyecto cancelado antes de que el nuevo gobierno asumiera.

No hubo debate público sobre las implicancias. No hubo análisis en los noticiarios sobre qué significa que un país soberano reciba sanciones personales contra sus funcionarios por tramitar una concesión de telecomunicaciones. Los titulares hablaron de “tensión diplomática”, de “el polémico cable chino”, de “la herencia complicada que Boric le deja a Kast”. El marco ya estaba ahí, listo para ser usado.

Lo que el episodio revela, leído despacio, no es que China sea confiable ni que Estados Unidos sea malvado. Revela el mecanismo. Revela cómo se mantiene una arquitectura de dependencia sin necesidad de declararla: bloqueando alternativas antes de que se vuelvan reales, y asegurándose de que el debate sobre si las alternativas valían la pena nunca ocurra con honestidad.

La soberanía digital no empieza con cables ni con servidores ni con modelos de inteligencia artificial propios. Empieza con la capacidad de hacerse preguntas sobre todo eso sin que el marco desde el que uno pregunta ya haya sido diseñado por alguien más.

Eso — esa capacidad — es lo único que nadie puede bloquearnos con una sanción de visas. Todavía.


Datos para quien quiera seguir leyendo

Sobre el cable submarino de Chile: El decreto de concesión a China Mobile fue firmado el 27 de enero de 2026 y anulado 48 horas después. El Departamento de Estado anunció restricciones de visado el 20 de febrero contra tres funcionarios chilenos. El presidente electo Kast suspendió las reuniones de transición el 3 de marzo, a ocho días de asumir.

Sobre FLOK Society y el Decreto 1014: El proyecto Buen Conocer / FLOK Society fue impulsado por el gobierno de Rafael Correa entre 2013 y 2014. El Decreto 1014 de 2008 estableció el software libre como política de Estado en Ecuador — ocho años antes de que ningún gobierno europeo lo intentara a escala comparable.

Sobre el financiamiento de narrativas anti-China: En el año fiscal 2025, el Congreso de Estados Unidos aprobó 315 millones de dólares para la National Endowment for Democracy (NED), cuyo mandato explícito incluye “prevenir y mitigar la influencia china en países estratégicamente importantes”. Ese dato no proviene de una fuente crítica — proviene del testimonio ante el Congreso del propio presidente del International Republican Institute.

  • Testimonio ante el Congreso de EEUU, FY2026 (documento oficial): docs.house.gov
  • Informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China sobre la NED: socialistchina.org
  • NPR sobre el impacto de los recortes de Trump a los programas anti-China: npr.org

Sobre China y open source como estrategia: El fundador de DeepSeek declaró explícitamente que el open source es “más un comportamiento cultural que comercial” y que contribuir a él genera respeto. DeepSeek R1 fue publicado bajo licencia MIT en enero de 2025 — el modelo más capaz del mundo disponible gratuitamente para cualquier país.

Sobre el nuevo orden multipolar: En mayo de 2026, China recibió con días de diferencia a Trump y a Putin. La visita de Putin produjo 40 documentos firmados y una declaración conjunta. La de Trump no produjo comunicado conjunto ni memorandos. El contraste no fue accidental.

Sobre el post de Palantir en metanoia: El post anterior de esta misma serie — que analiza el manifiesto de Alex Karp y su declaración de que “el poder duro de este siglo se construirá sobre software” — está disponible aquí: metanoia.rip — Palantir y su nuevo contrato… social?

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